El aire en las principales ciudades supera niveles peligrosos debido a los incendios forestales, forzando la suspensión de clases y actividades.

Los incendios forestales que azotan Bolivia desde hace dos meses han deteriorado gravemente la calidad del aire en todo el país, dejando a las principales ciudades con índices muy por encima del nivel aceptable para la salud.

De acuerdo con el portal IQAir, que mide la calidad del aire, la madrugada del 9 de septiembre, Cobija, capital de Pando, alcanzó un alarmante índice de contaminación de 535, muy superior al nivel “regular” de 100, considerado aceptable para el ser humano.

Santa Cruz de la Sierra registró un índice de 271, mientras que La Paz alcanzó 204, Sucre 215, y Potosí 201. En Quillacollo, Cochabamba, también se midió una calidad de aire de 215, reflejando la grave situación que afecta incluso a regiones distantes de los incendios.

Ante la situación crítica, los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando han suspendido las clases presenciales desde este lunes, con la posibilidad de una suspensión total de actividades escolares, según informó el ministro de Educación, Omar Véliz.

Además, el aeropuerto internacional de Viru Viru interrumpió temporalmente sus vuelos debido a la baja visibilidad causada por el humo.

El Gobierno ha decretado emergencia nacional y gestionado ayuda internacional. Brigadistas de Brasil llegaron el fin de semana con equipo pesado para combatir el fuego, y se espera la llegada de más apoyo de países como China, Chile y la Unión Europea.

Las zonas rurales cercanas a los incendios viven una situación aún más grave. En comunidades como Santa Mónica y Palestina, las familias han sido evacuadas por la cercanía del fuego, mientras que en Las Petas, un incendio provocado destruyó seis viviendas.

Los incendios en Bolivia están relacionados con la práctica de los «chaqueos», quemas agrícolas permitidas legalmente para preparar la tierra. Aunque se imponen restricciones temporales, muchas veces no se cumplen, lo que ha llevado a activistas a exigir la derogación de las leyes que facilitan la expansión agrícola.

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